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Por: Dr. Rodrigo Benítez Pérez.
El llamado caso PROSA fue noticia en el 2017, ya que al revelarse públicamente un audio en donde se escuchaba una voz que coincidía con la de Roberto Sandoval Castañeda, en el marco de las elecciones estatales de ese año, haciendo una recomendación puntual del mensaje que tendrían que dar los jefes de familia al entregar las despensas y distintos apoyos, casi todos los partidos políticos interpusieron las denuncias correspondientes ante la FEPADE, por cada una iniciaron una carpeta y después las fueron acumulando en dicha Fiscalía.
En octubre de 2017 a propósito de dar una conferencia, estuvo en Nayarit Santiago Nieto Castillo en las instalaciones del Poder Judicial del Estado, a su solicitud, el entonces Encargado de Despacho de la Fiscalía Estatal Petronilo Díaz Ponce, y el suscrito como Director General de Investigaciones nos reunimos en privado, Nieto Castillo nos dijo que tenía ya casi lista la judicialización en contra de RSC por delitos federales, y que solo ocupaba apoyo para algunos actos de investigación que faltaban, mandó las colaboraciones formales dejando unos Ministerios Públicos de la Federación, quienes en unas semanas realizaron diversas diligencias aquí en Nayarit.
A las semanas removieron del cargo a Santiago Nieto Castillo, llega un nuevo titular de FEPADE, que tenía otra vision o “línea” sobre la carpeta, y de inmediato nos llega con una declinación de competencia a favor de la Fiscalía Estatal, con la carpeta ya casi integrada; se analizó, se realizaron diversos actos de investigación, sobre todo, muchas entrevistas a los beneficiarios conocidos del programa, así como de las personas ya identificadas como quienes entregaban las despensas y apoyos, allí surgió información muy importante en cuanto al manejo del progama.
JUDICIALIZACIÓN DE LA CARPETA Y AVANCE HASTA LA PUERTA DEL JUICIO.
En diciembre de 2020 se dio a conocer por parte de la Fiscalía Estatal la obtención de una orden de aprehensión en contra del ex Gobernador por los delitos en materia electoral (tres supuestos), además de peculado y ejercicio indebido de funciones por el famoso caso PROSA, explicando que en la carpeta obraban ya más de 300 actos de investigación, y la imputación era que entre 2013 hasta 2017 el programa de seguro alimentario era en realidad el instrumento de la misma estructura política de RSC, por lo que operaba mediante coordinadores, gestores y jefes de familia, mediante su círculo familiar, sus principales subalternos y operadores políticos, diputados locales y federales, todos del PRI (ahora ya en otro partidos), pero lo más delicado, también estaba conformada por Delegados Federales, Magistrados del Poder Judicial y Titulares de los Organismos o Instituciones Autónomas, que tenían en común haber sido propuestos o designados en sus cargos por el ex Gobernador.
En la carpeta se logró acreditar el desvió del programa mismo, que se utilizó como mecanismo de obtención de recursos públicos, y captación de recursos de nómina de servidores públicos a los que se les descontaba un porcentaje de sueldo, en la mayoría de veces sin su consentimiento, con el objeto de que sirviera a los interes del grupo político; aunado al reparto de despensas entregadas con la finalidad de mantener aceitada una estructura política leal, que culminó teniendo la notoria intervención y utilización en la campaña electoral de 2017, tal como se reveló en el audio aportado con las denuncias.
Dicha imputación, se convirtió en vinculación a proceso, aguantó los recursos jurídicos planteados, ordinarios y vía amparo, y llegó hasta la acusación vigente que tiene en puerta un juicio oral. Sin prejuzgar y siendo respetuoso de la presunción de inocencia del que goza todo acusado, lo que se analiza aquí no es la intervención de RSC en la trama, lo que aquí pretendo destacar es que se trata de un caso “garbanzo de a libra”, en el que el hilo no se reventó por lo más delgado, al contrario, se trozó por el eslabón más fuerte y grueso; empero, destaco que los hechos delictivos según la acusación se cometió mediante una telaraña o telar construido con diversos hilos y madejas.
SE ACREDITA CON NOMBRE, APELLIDO Y CARGO TODOS LOS COAUTORES COMO JEFES DE FAMILIA PROSA.
En la carpeta de investigación salían muchos nombres de los operadores y jefes de familia por señalamientos de testigos, sin embargo, fuera de los responsables formales del programa, ya sea Directores del DIF, Encargados de Finanzas, jefes de almacén, no había documentación o medios de prueba que acreditaran: 1) quienes entregaban las despensas y apoyos y bajo que criterios reales, 2) a quienes se entregaban las despensas (padrón total); hasta que esto se reveló a detalle mediante un acto de investigación no buscado pero sí encontrado.
Al realizar las cateos para aseguramientos de diversos inmuebles en una de las carpetas de investigación en contra del ex Gobernador Roberto Sandoval Castañeda, en particular en la casa cercana a la prepa Colón en Tepic, se encontró entre unas cajas de zapatos, al parecer olvidada, una bolsa de tela conteniendo en su interior 2 documentos muy importantes, el primero fue un recopilador con toda la nómina del Gobierno del Estado, de confianza, de contrato, desde el salario y contrato menos remunerado, hasta los cargos y sueldos más altos, incluyendo la plantilla de lo que parecía ser la nómina alterna (aviadores, periodistas, sueldos dobles, etc.). El segundo documento que resultó un hallazgo muy importante para otra carpeta de investigación, fue la base de datos con toda la estructura de lo que se identificó como la estructura de las familias PROSA, a fecha del mes de febrero de 2017.
Importante porque el proceso en contra de Roberto Sandoval ya se encontraba en la etapa de investigación complementaria, lo que permitió reforzar la carpeta de investigación de esos hechos, que de por sí ya estaban bastante investigados puesto que dieron inicio antes de las elecciones de 2017, como ya se dijo, con la serie de denuncias presentadas por diversos actores políticos en cuanto al audio del entonces Gobernador RSC dando instrucciones en lo que parecía ser el esquema de utilización de un programa de asistencia social gubernamental para su uso en esa elección, iniciada por Santiago Nieto Castillo entonces titular de la FEPADE.
REPROCHE PENAL MAYOR. MAGISTRADOS EN FUNCIONES, TITULARES DE ORGANISMOS CONSTITUCIONALMENTE AUTÓNOMOS.
Del hallazgo de esa documental que aquí se adjunta por ser tema de interés público, misma que fue debidamente incorporada a la carpeta de investigación, proceso penal, y forma parte de la acusación por lo que ya está sujeta al escrutinio del principio de publicidad de las audiencias, se advierte que la estructura PROSA se basó en el trabajo de los jefes de familia, mismo que tenían dividido el Estado en territorios, para hacerse cargo de la estructura política y electoral correspondiente; por lo que mi planteamiento a destacar, es que si bien sería reprochable que el tiular del ejecutivo participare de una operación así, más reprochable sin duda es la intervención por parte de miembros de poderes u organismos que por mandato constitucional, tienen vedada totalmente la intervención en asuntos políticos y no se diga de temas electorales; en el documento se detalla: 1) quienes revisan la estructura de jefes de familia, 2) los nombres y cargo que ostentan los jefes de familia, 3) cuantía de sus sueldos y aportaciones al programa, 4) avances a manera de evaluación de su trabajo, y muy importante, 5) se asentó que era la estructura vigente en febrero de 2017, decir, ya durante la campaña electoral de 2017 que constituye el corazón de las acusaciones.
En la estructura destaca como jefa de familia la entonces Magistrada Rocío Esther González García (foja 29 del documento) con un sueldo de $92,976.00 pesos por su cargo como Magistrada, como jefa de Familia en Santa María del Oro, con un desempeño regular; también aparece su ahora cónyuge Pepe Espinoza quien entonces ostentaba el cargo de Secretario General de Gobierno; ya en la carpeta de investigación se habían recabado algunas entrevistas en las que beneficiarios del programa hacían identificación de ello, señalando que en Santa María del Oro, seguía siendo su jefa de familia la Magistrada Rocío, y que incluso para ver algunos temas con gestores de la familia acudían al propio tribunal de justicia, señalando también que quien hacía las entregas directas era una persona del sexo femenino que trabajaba en la propia oficina de la Magistrada. Pero no era la única, también aparecen como jefes de familia los ya Magistrados Zaira Rivera Veliz quien había formado parte de la estructura formal de PROSA en anteriores encargos, y también ya había diversas entrevistas que la señalaban; y el ex Magistrado Miguel Ahumada Valenzuela, de quien en la carpeta no había mención alguna.
También destaca como jefa de familia en el municipio de Santiago (foja 32 del documento) Eulalia Salas Ayón, entonces Auditora Especial de Gestión Financiera del Organo Superior de Fiscalización, con un sueldo de $50,000.00 pesos mensuales, con un evidente conflicto de interés por la naturaleza del encargo de Auditor Especial en un organo constitucionalmente autónomo y con la encomienda de revisar y auditar un rubro tan importante como la gestión financiera de los entes fiscalizados.
JEFES DE FAMILIA PROSA, CON CARGOS POLÍTICOS CON NAVARRO QUINTERO Y EN LA 4T.
Es de llamar la atención, que un elevado porcentaje de los jefes de familia PROSA, que por ende les resultaría también responsabilidad penal por los mismos hechos materia de la imputación al ex Gobernador Roberto Sandoval, ahora se encuentren en distintas responsabilidades o encargos en la administración publica del Doctor Miguel Angel Navarro, o ya sea también inncrustados en la 4T, basta con revisar las 38 fojas del documento y los nombres salen a relucir, destacando los siguientes:
1) Rocío Esther Gonzáez García, quien ya con MANQ pasó de Presidenta del Tribunal Superior a Secretaria General de Gobierno.
2) Eulalia Salas Ayón, quien de ser Auditora Especial cuando se cometieron los hechos con características de delito, pasó a ser asesora en FIBBA (factor Camarena y Ludmila) y se encumbró como titular de la ASEN ya con el Dr. Navarro, alto cargo que requiere un perfil escrupulosamente cuidado y sin conflictos de interés.
EL GARROTE Y LA ZANAHORIA DE MANQ POR CRITERIOS POLÍTICOS.
Es sabido que el Doctor Miguel Angel Navarro apenas si se entera de cualquier problema o antecedente cuestionable de cualquier personaje, incluso a nivel mitote, y de inmediato ordena el cese, pide investigaciones y apertura de carpetas de investigación, ¿porqué en este caso no se ha actuado? no obstante la claridad y bastedad de las pruebas, y lo fortalecido con hechos y pruebas de los que han sido probables delitos de naturaleza muy grave, de los cuáles sin duda alguna los personajes que aparecen en la estructura Prosa, sobre todo quienes en esos años 2013 a 2017 tenían una encomienda constitucionalmente autónoma, tendrían responsabilidad penal ya sea como coautores y/o partícipes, y en cambio, no solo se les cubre con el manto de impunidad, sino se les designa en encargos aún más delicados, como en el caso de la actual Secretaria General de Gobierno, y la actual titular de la Auditoría Superior del Estado ASEN; la respuesta es facilmente inferible, son personajes que se han sometido totalmente a la subordinación no solamente del Gobernador, sino también de los -punto menos que- jefes políticos del Estado, Gabriel Camarena y Diana López Zurita. La realidad no miente, los hechos tampoco.
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